Los tratamientos de desinfección, como cualquier otro tratamiento de control de plagas, deben realizarse cumpliendo con una serie de requisitos que garanticen su efectividad y la defensa de la seguridad de las personas y las infraestructuras. La aplicación de productos químicos, como los biocidas (insecticidas, desinfectantes, rodenticidas, etc.) en el entorno en el que se desarrolla la actividad humana no es una cuestión baladí que pueda dejarse en manos del azar o de la buena voluntad. Requiere de una formación específica por parte del personal técnico que los utiliza y una infraestructura empresarial que soporte los requisitos legales y administrativos que impone la normativa actual.

La mala praxis en el uso de los desinfectantes durante la actual crisis del Covid19, alentada en ocasiones por la falta de información, el miedo o una buena voluntad mal entendida, nos está llevando a ver en los últimos tiempos situaciones de riesgo para la salud de la población en general, que en otras circunstancias haría que nos echáramos las manos a la cabeza. No debemos bajar la guardia y tenemos que ser críticos con los servicios que nos ofertan y muy exigentes con los técnicos que nos los aplican.

Las empresas de limpieza, los agricultores e incluso hasta el propio ejército, carecen en la mayoría de los casos de los conocimientos, autorizaciones, medios y técnicas que las empresas profesionales de control de plagas ponemos a disposición del público en general en esta delicada situación. Aplicar biocidas sin registro, en concentraciones inadecuadas o con técnicas de difusión incorrectas supone, en el mejor de los casos, quedarnos con una falsa sensación de protección, y en el peor de los escenarios, con una intoxicación por la inadecuada exposición a un producto químico que perjudique a nuestra salud. No nos engañemos, ninguna sustancia química, por cotidiana o habitual, deja de ser un riesgo para nuestra salud.

Los servicios de desinfección contra el COVID19, como cualquier otro servicio de control de plagas, están regulados por reglamentos y normas UNE. Todas estas aplicaciones deben de ir acompañadas por un informe preliminar de diagnosis que justifique el uso de los productos químicos y por un certificado de tratamiento, que es la única garantía de que tanto el producto, como la dosis, como la técnica empleada se ajustan a los requisitos de la actual legislación y de que el técnico aplicador que lo firma dispone de la cualificación legal que le capacita. Debe exigirse siempre esta documentación al concluir cualquier intervención de desinfección de nuestras instalaciones. Huyamos de eufemismos que disfrazan esta actividad para justificar el uso de productos y técnicas que no están regulados legalmente como las higienizaciones, ozonizaciones, limpiezas, etc. Solamente una desinfección realizada por un profesional garantiza la higiene correcta contra el COVID19 y la seguridad de las personas.

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